Investigación contra María Amparo Casar en México
La Fiscalía General de la República informó sobre la investigación en curso
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la investigación penal contra María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), fue judicializada desde septiembre pasado y no de manera reciente. El organismo aseguró que el caso se encuentra bajo revisión judicial desde hace varios meses y rechazó que exista una persecución política o un proceso influenciado por presiones externas.
Contexto y detalles de la investigación
En un comunicado oficial, la FGR precisó que la indagatoria comenzó cuando Alejandro Gertz Manero aún se desempeñaba como fiscal general. Por esta razón, aclaró que el proceso no fue iniciado durante la gestión de la actual titular, Ernestina Godoy Ramos.
Avances y próximos pasos en el caso
La Fiscalía explicó que el Ministerio Público Federal está analizando actualmente la carpeta de investigación para verificar que haya sido integrada conforme a derecho, luego de que el expediente fue presentado ante un juez federal desde septiembre. Asimismo, la institución subrayó que su actuación se apega estrictamente al marco jurídico y que es falso que se trate de un procedimiento impulsado por intereses políticos.
La investigación está relacionada con la pensión vitalicia que Petróleos Mexicanos otorgó a María Amparo Casar tras la muerte de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, ocurrida en octubre de 2004, cuando éste era trabajador de la empresa productiva del Estado.
Desarrollo de los acontecimientos
Los depósitos de la pensión se realizaron de manera ininterrumpida durante casi dos décadas. En marzo de 2024, la empresa suspendió los pagos de la pensión, lo que llevó a Casar a promover un juicio de amparo para exigir la restitución del beneficio. Esta acción legal derivó en una respuesta por parte de Pemex y del Gobierno federal, que llevaron el caso al ámbito penal.
Implicaciones legales y consecuencias
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción solicitó una audiencia inicial para imputar a Casar el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, que contempla penas que van de seis meses a 12 años de prisión, además de sanciones económicas. La audiencia se llevará a cabo ante una jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, donde se definirá si la presidenta de MCCI es vinculada a proceso.
Conclusiones y próximos pasos
La FGR reiteró que será el Poder Judicial el encargado de determinar responsabilidades y resolver el caso conforme a derecho.
Principales puntos
- La carpeta de investigación fue judicializada desde septiembre.
- La FGR niega que exista persecución política.
- El delito imputado es uso ilícito de atribuciones y facultades.
- Pemex estima un daño patrimonial millonario.
- Un juez federal definirá la situación jurídica de los implicados.
