Paul Manrique Miranda, también conocido como “Paul” o “Comandante”, ha sido acusado de facilitar información interna, proteger la estructura y apoyar en el encubrimiento de rutas y movimientos sospechosos. En julio de 2024, se revelaron audios donde negociaba pagos en dólares con presuntos operadores de huachicol a cambio de favores procesales y protección en el transporte de hidrocarburos en carreteras federales. Se le atribuye la recolección de millones de pesos mensuales para él y sus superiores, así como la coordinación con agentes encargados de liberar cargamentos y manipular la documentación de las pipas.
Elizabeth Muzquiz Pineda, jueza federal en San Juan del Río, Querétaro, ha sido mencionada por posiblemente favorecer judicialmente a miembros de la organización. Sergio Abraham Lara Paz, también conocido como “Lara”, ha sido señalado en expedientes como operador auxiliar de la red, aunque no se cuenta con información pública sobre su perfil profesional.
Sobre Jeny Guzmán Cintora, cuya información es limitada, su nombre aparece únicamente en la lista de imputados de la causa penal 495/2025 relacionada con la red de Raúl Rocha Cantú. En cuanto a Jorge Alberto Gallegos Díaz, solo figura en la lista judicial y comparte nombre con un reconocido cantante mexicano, sin pruebas públicas que confirmen que sean la misma persona.
Hasta el momento, la Fiscalía General de la República (FGR) ha comunicado la detención de una funcionaria federal y ha mantenido en reserva la información sobre los demás acusados. Raúl Rocha Cantú, quien se ha convertido en testigo colaborador bajo criterio de oportunidad, aún espera la ratificación de los elementos de prueba en audiencia para definir su estatus jurídico.
